El Partido Socialista de Arganda celebró ayer Comisión Ejecutiva ordinaria en su local de la calle Subida a
Aparte de cuestiones internas organizativas y de planificación de trabajo, dos fueron las cuestiones importantes para nuestro municipio que fueron tratadas.
La primera de ellas fue relativa a la autorización que ha otorgado el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la cementera de Morata para la utilización de residuos como combustibles en la producción de su planta. Nuestro rechazo es frontal. No podemos permitir más contaminación medioambiental en la zona del Sureste de la Comunidad de Madrid, y sobre todo, no podemos consentir que una instalación tan cercana a nuestro municipio (la cementera dista 6 kilómetros de Arganda) vuelque a la atmósfera sustancias potencialmente cancerígenas que afectarían a la salud de todos los argandeños y argandeñas. Ya en el reciente pleno de junio presentamos por urgencia una moción para que nuestro ayuntamiento tomara una clara postura en contra, pero desgraciadamente el Partido Popular con sus votos se negó a incluirla en el orden del día.
El segundo de los temas tratados tuvo que ver con el falso plan de empleo de la Comunidad de Madrid que ha establecido la posibilidad de que los municipios tenga a sus disposición hasta 100 trabajadores y trabajadoras que estén cobrando prestaciones por desempleo, para, según lo denominan, “trabajos temporales de colaboración social”. El Partido Socialista está en contra de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Arganda acuda a este plan. Para nosotros, además de ser completamente discriminatoria, haciendo otra vez distinción de los parados que cobran o no prestación, este plan sólo pretende maquillar las listas del desempleo en Madrid a costa de las prestaciones por desempleo de los “afectados” por el mismo. Los trabajadores llamados a la “colaboración social”, no podrán negarse. Durante el tiempo que desarrollen los trabajos para el Ayuntamiento, sus prestaciones se irán agotando, y ese tiempo de trabajo no será computado para generar derechos a nuevas prestaciones. Además de todo lo anterior, el plan supone una precarización del empleo público, pues se corre el riesgo de que empleos necesarios para el buen funcionamiento de los servicios del ayuntamiento, dejen de ser desempeñados por trabajadores públicos para ser desempeñados por personas con empleos de baja calidad y temporales.
