El Sistema Nacional de Salud español fue creado mediante la Ley General de Sanidad en 1986, siendo Presidente del Gobierno Felipe González y Ministro de Sanidad Ernest LLuch. La Ley General de Sanidad reconoce el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos residentes en España.
A diferencia del modelo de otros países, y del franquista Seguro Obligatorio de Enfermedad, no es un sistema de cobertura a través de cuotas vinculadas al trabajo sino que se financia como servicio fundamental con los impuestos de todos, de manera que aportan más al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud quienes más tienen.
Al Partido Popular no le gusta el Sistema Nacional de Salud. Menos que a nadie a Esperanza Aguirre. Para afianzar su campaña electoral en 2007 no dudó en incorporar empresas constructoras en la gestión de hospitales. Así se hizo con el Hospital del Sureste en Arganda: a cambio de construirlo una empresa gestiona desde su apertura los servicios no sanitarios. Hasta ahora los habitantes del Sureste sabíamos que en el hospital se hacía negocio con la comida, la limpieza, el aparcamiento, el lavado de ropa… pero no con la asistencia sanitaria.
Hasta ahora la Comunidad se hace cargo de los servicios y el personal sanitarios. Esto nos da la tranquilidad de que son los profesionales sanitarios los que deciden, con criterios profesionales, las intervenciones necesarias, los medios, tratamientos y pruebas.
Las empresas privadas tienen otro objetivo: ganar dinero. Es lícito, desde luego, pero aplicado a este caso significa que con el presupuesto que actualmente destina a sanidad la Comunidad de Madrid se tendrá que seguir prestando atención sanitaria y además proporcionar beneficio a esas empresas. El beneficio será a costa de reducir en prestaciones, en profesionales o en medios; o bien, a costa de que a la Comunidad de Madrid, a todos nosotros, nos cueste más caro. No sería la primera vez que esto pasa.
Las amenazas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el Sistema Sanitario madrileño en 2013 no se limitan a la privatización de la atención sanitaria en los hospitales. También prevé deshacerse de bastantes centros de salud, cerrar el Centro de Especialidades de Arganda, entre otros, cobrar por el transporte en ambulancias cuando no sea urgente y el euro por receta. Medidas que se suman al repago de medicamentos por parte de los jubilados y pensionistas, a la eliminación de bastantes medicamentos de uso muy corriente y a la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas.
No es una cuestión de dinero. No es por culpa de la crisis. Quieren que cambiemos a un sistema en el que pague más quien esté más enfermo, en lugar del que más tiene.
En el Sureste de Madrid partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas hemos constituido una Plataforma en Defensa de los Servicios SocioSanitarios Públicos. En defensa de lo que es nuestro, de lo que consiguieron nuestros padres y debemos dejar como legado a nuestros hijos. Sumando entre todos tenemos que parar este atropello.
Victoria Moreno.
Secretaria General del PSOE de Arganda
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